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No tenemos derecho a tocar los impuestos si hay factureras y evasión en aduanas: Édgar Amador
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se pueden discutir esas modificaciones a los impuestos sin antes atender y resolver esos desafíos para las finanzas públicas.
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Publicado: 24.09.2025 – 14:37Actualizado: 24.09.2025 – 22:58Compartir por WhatsAppCompartir por TwitterCompartir por FacebookCompartir por Linkedin
Ante el problema de evasión y elusión fiscales que se vive en las aduanas del país, así como la proliferación de las llamadas factureras, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó que no se pueden discutir modificaciones a los impuestos sin antes atender y resolver estos desafíos para las finanzas públicas.
Ante el pleno de la Cámara de Diputados, con motivo del Primer Informe de Gobierno y el Paquete Económico 2026, el titular de Hacienda aseguró que desde el gobierno “tenemos que hacer nuestro trabajo primero”, y es por ello por lo que se presentaron reformas a la Ley Aduanera y al Código Fiscal de la Federación (CFF).
Ante los cuestionamientos sobre el contrabando en aduanas, Amador Zamora señaló que están conscientes de lo que ocurre, tanto en el tema de mercancías como de hidrocarburos, por lo que se debe combatir la corrupción y delitos fiscales, en coordinación con las instituciones y secretarías competentes.
“Estamos seguros de que todavía hay un potencial muy importante para la recaudación en el comercio exterior”, aseveró.
Al corte del primer semestre del año, las 50 aduanas del país dejaron una recaudación de impuestos de 711,930 millones de pesos, un crecimiento anual de 23.4 por ciento. Esto significó que por cada 100 pesos que entraron al erario por impuestos, 25 provino de las aduanas.
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En este sentido, señaló que “no se les va a dar el gusto” respecto a subir los impuestos o crear impuestos porque se tiene que hacer el trabajo primero.
“No tenemos derecho a tocar los impuestos si hay factureras allá afuera, si hay personas en el sector aduanero que están evadiendo impuestos de comercio exterior. Tenemos que hacer nuestro trabajo. Ayúdenos ustedes, señoras y señores, diputados de la oposición, todos y todas, ayúdenos con las reformas”, dijo ante los legisladores.
Si bien el Paquete Económico 2026 no impulsa una reforma fiscal – que ha sido una solicitud por parte de instituciones y organizaciones desde hace años – sí incluye una Miscelánea Fiscal, donde se propone actualizar las cuotas que se cobran en algunos “impuestos saludables”, como el tabaco y bebidas azucaradas, así como un gravamen de 8% a los videojuegos violentos.
Asimismo, propone modificaciones al CFF para darle mayores facultades a la autoridad para combatir a las factureras que, al cierre de agosto sumaban ya 11,028 registros en la llamada “lista negra”, creada en el 2014.
Asimismo, se mandó una reforma a la Ley Aduanera en donde se busca implementar mayores sistemas tecnológicos para una mayor y mejor fiscalización, y otras modificaciones respecto a los agentes aduanales.
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De esta manera, el gobierno espera recaudar 5.8 billones de pesos por concepto de impuestos el siguiente año, un aumento de 6.5% en comparación con lo aprobado para este año. El aumento, de acuerdo con Hacienda, se explica por el crecimiento de 62% anual de los ingresos por importación.
En cuanto a la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), y su rescate financiero para que la empresa sea autosuficiente en el 2027, el titular de Hacienda aseveró que ellos no fueron quienes endeudaron a la petrolera y que, al contrario, la están desendeudando.
“Desendeudamos a Pemex”
Respecto a los cuestionamientos sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), que el siguiente año aún necesitará de transferencias del gobierno para hacer frente a sus obligaciones financieras, el secretario de Hacienda aseveró que el partido en el poder no fue quien endeudó a la petrolera.
El secretario señaló que entre el 2008 al 2018, en los gobiernos del PAN y el PRI, la deuda de la petrolera pasó de 43,000 millones a 105,000 millones de dólares, es decir, un crecimiento de 130 por ciento.
“Nosotros estamos mejorándole la calificación. Hicimos varias operaciones de mercado, las cuales van a llevar la deuda de Pemex de 105,000 millones a 80,000 millones, todavía un monto importante. Todavía falta mucho por hacer para apoyar a Pemex para que tenga un perfil financiero y un perfil de liquidez más adecuado. Pero estamos desendeudando a Pemex. Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad a la hora de hablar de endeudamientos. Nosotros no fuimos quienes endeudamos a Pemex, nosotros la estamos desendeudando”, aseveró.
Consolidación sólida
Pese a que para este año se modificó al alza la proyección del déficit fiscal, el secretario de Hacienda aseguró que se ha logrado transitar a una consolidación fiscal de forma sostenida y sólida. Recordó que para este año se espera que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) cierren en 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, este dato es mayor al que se había aprobado para este año, que era reducir el déficit a 3.9% del PIB luego de que en el 2024 alcanzara un nivel histórico de 5.7 por ciento.
“El manejo responsable de los pasivos públicos, a lo largo de este año, nos ha permitido estabilizar la deuda de México a niveles sanos y sostenibles, y con una comparación muy favorable respecto de países con economías similares”, dijo.
Garantizar un nivel mínimo de bienestar para la población mexicana, manteniendo las finanzas públicas sanas, no son contrarios, aseguró y subrayó que la disciplina financiera ha sido “una de las virtudes del segundo piso de la cuarta transformación”, con lo que se ha logrado mantener las finanzas públicas sanas.
Para el siguiente año, el gobierno propone un gasto público total de 10.1 billones de pesos, lo que representa un aumento de 5.9% en comparación con lo aprobado este año. Este gasto se solventará con ingresos públicos de 8.7 billones de pesos, así como un techo de endeudamiento interno de 1 billón 780,000 millones de pesos y uno externo de 15,500 millones de dólares.
En materia de déficit, se espera que la consolidación fiscal continúe, por lo que se prevé que los RFSP cierren el 2026 en un nivel de 4.1 por ciento.
En este tenor, Amador Zamora indicó que se ha logrado solventar y aumentar la cobertura de los programas sociales sin la necesidad de crear nuevos impuestos o implementar una reforma fiscal.
Impuestos con etiqueta saludable, gasto sin receta
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Publicado: 24.09.2025 – 07:00Actualizado: 24.09.2025 – 07:00Compartir por WhatsAppCompartir por TwitterCompartir por FacebookCompartir por Linkedin
En el paquete económico para 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone un incremento a los impuestos que se pagan sobre el consumo de algunos productos identificados como nocivos para la salud, como los refrescos y el tabaco.
La presidenta Sheinbaum ha insistido que su propósito no es recaudatorio, sino que es una medida para inhibir el consumo. Si eso fuera así, entonces no se vería una proyección de elevar los ingresos por estas medidas en casi 137,000 millones de pesos (incluyendo los relacionados con apuestas y videojuegos con contenido violento).
Si se va a incrementar el ingreso tributario con esas medidas, es porque la demanda de esos productos es, como decimos los economistas, poco elástica, es decir, que consumo de un producto disminuye poco ante los incrementos de precio.
Pero la cosa no termina ahí. En un estudio publicado por Raymundo Campos y Eduardo Medina en el Latin American Economic Review se mostró que, en el caso mexicano, ante el aumento de un peso por litro en el impuesto a las bebidas azucaradas, el precio aumentó 1.12 centavos, y en el caso de las bebidas deportivas fue de 1.52 pesos por litro. Es decir, el aumento en el precio fue más que proporcional al aumento en el impuesto.
Esto es así esencialmente porque las compañías que comercializan estas bebidas tienen algo de poder de mercado. Si hay pocos competidores, las empresas pueden subir más sus precios sin perder compradores, y viceversa: con más competidores, la dispersión de precios es menor.
Además, no se puede obviar que este impuesto lo pagarán principalmente las personas que están en los deciles más bajos de ingreso, pues ellas consumen mucho más refresco que quienes tienen percepciones más elevadas. Hay comunidades donde es más fácil encontrar una lata de refresco que agua potable.
De hecho, algo similar se podría decir de la contrapropuesta de la oposición, que pide que se quite el IVA al agua embotellada. No por hacerla más barata se va a incrementar su consumo por parte de toda la población, pues los hábitos no dependen solamente del precio específico de cada bien, sino de su relación con otros y de elementos adicionales como la disponibilidad calórica de unas y otras bebidas, mismas que están ligadas con el ingreso de la población.
Ahora bien, esto se puede ver desde otro ángulo: estos impuestos saludables pueden ser una medida recaudatoria que a su vez se convierta en una política de salud. De hecho, esa fue también la promesa durante la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se anunciaba que esos recursos se utilizarían para el combate a ciertos problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar o a medidas como la construcción de bebederos escolares.
El problema es que, si esas promesas no están bien establecidas en el presupuesto, bajo mecanismos claros, se quedarán una vez más en promesas. No hay nada en el proyecto presentado por Hacienda que indique que se creará un fondo, una partida presupuestaria cuyos recursos se obtengan de esa recaudación y se destinen a esos fines.
Sin duda hacen falta programas de promoción de la alimentación saludable y atención a la diabetes, entre muchos más, pero para que sean sostenibles requieren dinero constante, no bajo la discreción de la política hacendaria que puede cambiar de un año a otro sin mayor aviso.
Lo anterior nos lleva a la necesaria reflexión que como sociedad tendríamos que hacer sobre la calidad del gasto público. Los recursos destinados a la salud son un ejemplo, pero lo mismo podemos decir de la inversión pública: ¿realmente lo más urgente para el país son trenes de pasajeros o un rescate incondicional a Pemex? ¿No hacen falta antes más carreteras, infraestructura hidráulica, aduanas modernizadas, clínicas de alta especialidad, equipamiento escolar, junto con un largo etcétera?
Estas y preguntas similares parecen prudentes cada septiembre, cuando se presenta el paquete económico para el año siguiente y muchos analistas retoman la necesidad de una reforma fiscal profunda. ¿De dónde se quiere incrementar la recaudación, quiénes van a pagar y, sobre todo, para qué se usará ese dinero?
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